La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró, en 2014, el 5 de diciembre como el Día Mundial del Suelo, una fecha elegida en honor al nacimiento del rey tailandés Bhumibol Adulyadej, reconocido defensor de la sostenibilidad del suelo. Este año, el lema elegido es “Suelos sanos para ciudades saludables”, que pone el foco en el importante papel del suelo también en las ciudades y paisajes urbanos. El suelo bajo el asfalto, las calles y los edificios, si es permeable y está cubierto de vegetación, ayuda a absorber el agua de lluvia, a regular la temperatura y a mejorar la calidad del aire.

UN RETO MUNDIAL

Más del 95% de los alimentos que consumimos dependen directamente del suelo, según la FAO. Además, el suelo regula el ciclo del carbono y alberga una cuarta parte de las especies terrestres, desde microorganismos hasta invertebrados. Cada año, se degradan unos 100 millones de hectáreas de suelo, y hasta el 33% de la superficie terrestre global ya se considera degradada, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el suministro de agua dulce. Proteger el suelo es esencial para la resiliencia climática y para un futuro sostenible para las próximas generaciones.

El informe “El estado mundial de la agricultura y la alimentación” (FAO) de 2025 destaca que 1.700 millones de personas viven en zonas donde la degradación afecta directamente a la productividad agrícola y la seguridad alimentaria. El documento subraya que revertir solo el 10% de la degradación provocada por el ser humano en tierras de cultivo podría restaurar la producción suficiente para alimentar a 154 millones de personas más cada año.​

LA DEGRADACIÓN DEL SUELO EN ESPAÑA

En Europa, el sur del continente es especialmente vulnerable, con escenarios climáticos que predicen un aumento de temperaturas y menor precipitación, acelerando la aridez. En la actualidad, el 40% del territorio español, más de 206.000 km², está ya en riesgo de desertificación, afectando al 70% de las zonas áridas. Provincias como Murcia (91%), Albacete (84%), Almería (84%), Las Palmas (81%), Valladolid (79%) o Alicante (79%) muestran tasas donde la aridez natural se combina con prácticas humanas insostenibles. Se trata de datos del Atlas de la Desertificación de España (ADE), un proyecto de la Universidad de Alicante impulsado por la Fundación Biodiversidad mediante la convocatoria de ayudas para el impulso de la investigación en materia de biodiversidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos NextGenerationEU.

Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha actualizado en 2025 la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación (ENLD), que marca objetivos y principios, analiza las políticas con mayor impacto sobre la desertificación y propone medidas y acciones para mejorar la gobernanza y fomentar una gestión sostenible de las tierras. La estrategia establece un marco coherente e integrado de acciones organizadas en tres ejes y catorce líneas de actuación a través de un conjunto de medidas que responden a los principales retos, priorizando sinergias con la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.